Atendiendo entre otras, a encuestas realizadas por el
Centro Reina Sofia sobre Adolescencia y Juventud, donde se encuentran datos como que el 80% de los jóvenes en la actualidad afirma conocer algún caso de
malos tratos en parejas de su edad,
el pasado mes de junio el Congreso de los Diputados advirtió al gobierno, dentro del marco de la prevención de la
violencia de género digital en este colectivo, sobre la necesidad de continuar llevando a cabo acciones de prevención sobre aspectos vinculados a la
privacidad de los datos online o la ciberseguridad de los dispositivos electrónicos.
Se aprovechó para promover la puesta en marcha de herramientas y plataformas, que de manera anónima, sirvan para formular consultas o denuncias relacionadas con estas formas de agresión, destacando además la importancia de establecer sólidas medidas de prevención y detección de
adicciones a videojuegos en menores, en línea con la reciente publicación de la
OMS que relaciona un uso problemático de estas plataformas con el
riesgo de enfermedad mental.
Resulta importante aplaudir la preocupación, el interés y la atención que desde los organismos gubernamentales se exige sobre conductas de riesgo en la población joven. Cuando nos referimos al reciente reconocimiento de
adicción a videojuegos por la OMS, esperemos no obstante, que más allá del riesgo que presenta
un uso indiscriminado, abusivo y problemático en determinada población y en determinadas circunstancias, esta clasificación como enfermedad mental no se convierta en una alarma social que además de criminalizar este tipo de aplicaciones de ocio, también educativas o terapéuticas, llenen consultas y diagnósticos de
falsos positivos.
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